El próximo mes, los jueces de los tribunales superiores considerarán nuevamente el caso de la familia Hernández, quienes han intentado demandar al agente de la patrulla fronteriza, Jesús Mesa, quien le disparó a su hijo, Sergio Hernández en 2010. Pero Mesa ha reclamado inmunidad como funcionario del gobierno en el trabajo, argumentando que el Congreso no ha aprobado leyes que crean responsabilidad de agente, y que los extranjeros asesinados en suelo extranjero simplemente no pueden demandar a oficiales estadounidenses por daños sufridos en el extranjero.
La familia Hernández argumenta que Mesa violó el derecho de la Cuarta Enmienda de su hijo a estar libre de registros e incautaciones gubernamentales inconstitucionales, siendo su muerte la última incautación. Pero el Quinto Circuito interpretó el precedente anterior para impedir que los padres mexicanos demanden, citando factores especiales como la seguridad nacional, la aplicación de la ley y las relaciones diplomáticas como preocupaciones.
El asunto llegó antes al tribunal superior y los jueces lo remitieron al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con órdenes de reconsiderarlo a la luz de dos casos anteriores del Tribunal Supremo. Un asunto encontrado allí no tiene que existir un estatuto específico, aprobado por el Congreso, que permita demandas contra los agentes estadounidenses por daños y perjuicios cuando se han violado los derechos constitucionales, y un caso posterior limitó esa retención.
La familia nuevamente solicitó una revisión en el tribunal superior y la obtuvo. En su informe más reciente, los padres de Hernández argumentaron que el Quinto Circuito se basó en estos enunciados, pero no mostró ninguna evidencia de que estas fueran preocupaciones legítimas sobre los factores especiales que enumeró. Los padres no están desafiando las políticas de inmigración o de aplicación de la ley estadounidenses, y el caso no representa una amenaza para las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México. Dicen que todo lo que quieren hacer es demandar al agente que le disparó a su hijo dos veces y lo mató.
En los meses posteriores a que los jueces escuchen los argumentos en noviembre, decidirán si el tribunal inferior estuvo en lo correcto. Pero incluso si no están de acuerdo con sus colegas a continuación y encuentran que los padres, y el gobierno mexicano que ha presentado un escrito en nombre de la familia, tienen razón y que Mesa puede ser demandada, el litigio está lejos de terminar. Si los padres terminan ganando en la corte superior, aún tendrán que demostrar que Mesa violó los derechos constitucionales de su hijo.
Mesa sostiene que el adolescente le estaba tirando piedras y que no utilizó fuerza excesiva. Pero establecer eso será un asunto para otro tribunal en una fecha posterior, tal vez. La pelea actual simplemente decide si los padres tendrán la oportunidad de buscar alivio por su pérdida. México argumenta que el tribunal superior debe permitir que los padres "reparen el uso injustificado de la fuerza" en la frontera.
